Reglamento de Datos UE
El DOUE publica hoy la Data Act
El DOUE de hoy, 22 de diciembre, publica el Reglamento (UE) 2023/2854 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2023, sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y la Directiva (UE) 2020/1828 (Reglamento de Datos).
Se trata de un instrumento jurídico de enorme relevancia e impacto y que complementa el Reglamento de Gobernanza de Datos de 2022 -Data Governance Act (DGR)-, dentro del marco de la estrategia europea de datos de la Comisión de 2020.
El Reglamento de Gobernanza de Datos crea los procesos y estructuras para facilitar el intercambio de datos por parte de empresas, individuos y el sector público, mientas que la Data Act aclara quién puede crear valor a partir de los datos y bajo qué condiciones.
El Reglamento de Datos (o Data Act) pretende garantizar el acceso equitativo a los datos y su uso, impulsando así un mercado interior de datos en beneficio de empresas y ciudadanos.
La norma jurídica obliga a los fabricantes y proveedores de servicios a permitir que sus usuarios, ya sean empresas o particulares, accedan y reutilicen los datos generados por el uso de sus productos o servicios, desde una simple máquina de café hasta una turbina eólica. Del mismo modo, la norma permitirá a los usuarios compartir esos datos con terceros.
Entre los mútiples aspectos a destacar del mismo, incorpora la definición jurídica de "Smart contract" o "contrato inteligente" en su artículo 2, si bien, la versión final de la misma se aparta del concepto meramente técnico del mismo, tradicionalmente asociado a un libro mayor distribuido y descentralizado, así como de otras definiciones previas a nivel internacional. Y lo hace asociando el concepto (programa informático) a la ejecución de un acuerdo o parte de éste: "Programa informático utilizado para la ejecución automatizada de un acuerdo o de parte de este, que utiliza una secuencia de registros electrónicos de datos y garantiza su integridad y la exactitud de su orden cronológico".
La legislación del Estado de Arizona fue uno de las primeras que incorporó y definió jurídicamente el concepto técnico de Smart contract, y lo hizo asociándolo a una red o base de datos distribuida, descentralizada, compartida y replicada: “an event-driven program, with state, that run on a distributed, decentralized, shared and replicated ledger and that can take custody over and instruct transfer of assets on that ledger”.
Una nueva norma jurídica que requiere el análisis, identificación y valoración de su impacto en todo tipo de organizaciones, tanto del sector público como privado, así como en la ciudadanía en general.
Se trata de un instrumento jurídico de enorme relevancia e impacto y que complementa el Reglamento de Gobernanza de Datos de 2022 -Data Governance Act (DGR)-, dentro del marco de la estrategia europea de datos de la Comisión de 2020.
El Reglamento de Gobernanza de Datos crea los procesos y estructuras para facilitar el intercambio de datos por parte de empresas, individuos y el sector público, mientas que la Data Act aclara quién puede crear valor a partir de los datos y bajo qué condiciones.
El Reglamento de Datos (o Data Act) pretende garantizar el acceso equitativo a los datos y su uso, impulsando así un mercado interior de datos en beneficio de empresas y ciudadanos.
La norma jurídica obliga a los fabricantes y proveedores de servicios a permitir que sus usuarios, ya sean empresas o particulares, accedan y reutilicen los datos generados por el uso de sus productos o servicios, desde una simple máquina de café hasta una turbina eólica. Del mismo modo, la norma permitirá a los usuarios compartir esos datos con terceros.
Entre los mútiples aspectos a destacar del mismo, incorpora la definición jurídica de "Smart contract" o "contrato inteligente" en su artículo 2, si bien, la versión final de la misma se aparta del concepto meramente técnico del mismo, tradicionalmente asociado a un libro mayor distribuido y descentralizado, así como de otras definiciones previas a nivel internacional. Y lo hace asociando el concepto (programa informático) a la ejecución de un acuerdo o parte de éste: "Programa informático utilizado para la ejecución automatizada de un acuerdo o de parte de este, que utiliza una secuencia de registros electrónicos de datos y garantiza su integridad y la exactitud de su orden cronológico".
La legislación del Estado de Arizona fue uno de las primeras que incorporó y definió jurídicamente el concepto técnico de Smart contract, y lo hizo asociándolo a una red o base de datos distribuida, descentralizada, compartida y replicada: “an event-driven program, with state, that run on a distributed, decentralized, shared and replicated ledger and that can take custody over and instruct transfer of assets on that ledger”.
Una nueva norma jurídica que requiere el análisis, identificación y valoración de su impacto en todo tipo de organizaciones, tanto del sector público como privado, así como en la ciudadanía en general.