Publicada la nueva Ley Orgánica sobre protección de datos en el ámbito penal
Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.
El BOE de 27 de mayo publica la nueva
Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, cuyo objeto es definir el marco de protección de los datos de las personas físicas en relación con el tratamiento de sus datos personales con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública, por parte de las autoridades competentes.
La nueva norma prohíbe expresamente la adopción de decisiones individuales automatizadas, incluyendo la elaboración de perfiles en este ámbito salvo que esté autorizado por una norma con rango de ley o por el Derecho de la UE (Unión Europea)
Asimismo, integra un régimen sancionador específico aplicable a las infracciones de sus disposiciones.
De este modo, se transpone definitivamente y con retraso duramente sancionado, la Directiva (UE) 2016/680, de 27 de abril de 2016, reguladora de estos aspectos.
Recordemos que España fue sancionada por dicha demora por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que impuso una sanción económica de 15 millones euros, más una multa coercitiva diaria de 89.000€ hasta regularizar el incumplimiento.
Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, cuyo objeto es definir el marco de protección de los datos de las personas físicas en relación con el tratamiento de sus datos personales con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública, por parte de las autoridades competentes.
La nueva norma prohíbe expresamente la adopción de decisiones individuales automatizadas, incluyendo la elaboración de perfiles en este ámbito salvo que esté autorizado por una norma con rango de ley o por el Derecho de la UE (Unión Europea)
Asimismo, integra un régimen sancionador específico aplicable a las infracciones de sus disposiciones.
De este modo, se transpone definitivamente y con retraso duramente sancionado, la Directiva (UE) 2016/680, de 27 de abril de 2016, reguladora de estos aspectos.
Recordemos que España fue sancionada por dicha demora por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que impuso una sanción económica de 15 millones euros, más una multa coercitiva diaria de 89.000€ hasta regularizar el incumplimiento.